En México, el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta ha sido objeto de revisión por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (“Cofece”) hoy Comisión Nacional Antimonopolio, la cual determinó la existencia de barreras a la competencia y a la libre concurrencia en dicho mercado. En su resolución, la referida Comisión identificó que el procesamiento de pagos con tarjeta se encuentra altamente concentrado en dos cámaras de compensación (E-Global y Prosa) y recomendó que el Banco de México (“Banxico”) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) modificaran su regulación a efecto de garantizar la interoperabilidad entre redes abiertas de pago con tarjeta.
La principal problemática no radica únicamente en la infraestructura tecnológica, sino en el diseño regulatorio e institucional del sistema de pagos. En particular, la interoperabilidad ha dependido en buena medida de arreglos entre participantes del mercado, lo que pudiera generar incentivos para restringir la entrada de nuevos competidores, preservar estructuras cerradas y mantener condiciones de mercado poco favorables para la competencia. A ello se suma que las cuotas de intercambio y otras comisiones asociadas al uso de tarjetas han sido objeto de observaciones regulatorias por su posible efecto en el costo final para comercios y usuarios.
Desde la perspectiva de política pública, la tendencia observada consiste en trasladar la garantía de interoperabilidad a un esquema normativo supervisado por Banxico y la CNBV, con reglas homogéneas, transparentes y no discriminatorias. Bajo este enfoque, la interoperabilidad deja de ser una cuestión discrecional entre particulares y pasa a considerarse un elemento estructural del sistema de pagos, sujeto a estándares regulatorios de acceso, aceptación y operación.
Esta orientación busca corregir los efectos anticompetitivos identificados por la autoridad antimonopolio y fomentar mayor dinamismo, inclusión financiera y aceptación de pagos electrónicos.
Algunos de los riesgos que deberá atender la emisión de la regulación son: i) concentración del mercado en pocas cámaras de compensación; ii) barreras de entrada para nuevos participantes; iii) costos de aceptación relativamente altos para comercios, particularmente MIPYMES, y iv) dependencia de acuerdos privados para la interoperabilidad, con posible falta de neutralidad competitiva.
En conclusión, la interoperabilidad de pagos con tarjeta enfrenta un problema de naturaleza jurídica y regulatoria, más que puramente técnica. El punto central consiste en asegurar que la infraestructura de pagos opere bajo reglas abiertas, competitivas y supervisadas por las autoridades financieras, de modo que la interoperabilidad no dependa de la voluntad de los actores dominantes del mercado.