Matus Ruiz & Romero Apis — Controversia fiscal en México: guía para hacer negocios

¿Quiénes están sujetos a auditorías fiscales en México? Todos los contribuyentes, independientemente de su tamaño, pueden ser auditados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, los grandes contribuyentes están bajo la jurisdicción de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), que audita a entidades que superan ciertos umbrales de ingresos o tienen operaciones complejas.
¿Cuáles son las principales facultades de auditoría del SAT? El SAT puede ejercer sus facultades mediante (i) revisiones de gabinete, (ii) visitas domiciliarias en el domicilio del contribuyente y (iii) revisiones electrónicas. Estos procedimientos permiten al SAT solicitar documentación, revisar la contabilidad y evaluar el cumplimiento fiscal.
¿Cuánto dura una auditoría fiscal? Generalmente, una auditoría dura 12 meses a partir de su inicio.

En las revisiones de gabinete, la auditoría concluye con un oficio de observaciones. Los contribuyentes tienen 20 días hábiles para presentar pruebas y desvirtuar las observaciones.
En las visitas domiciliarias, la auditoría concluye con un acta final. Antes de ello, el SAT emite un último acta parcial, y los contribuyentes también tienen 20 días hábiles para aportar pruebas y desvirtuar las observaciones. En las auditorías de precios de transferencia, estas pueden durar hasta 24 meses y, antes de concluir, los contribuyentes tienen 2 meses para responder al oficio de observaciones o al último acta parcial. Este plazo puede prorrogarse por 1 mes a solicitud del contribuyente.

¿Cómo se inicia una auditoría fiscal? Las auditorías comienzan con una orden formal notificada al contribuyente. En las visitas domiciliarias, los funcionarios deben presentar una orden escrita de visita; en las revisiones de gabinete, el SAT notifica a través del buzón tributario electrónico o mediante una solicitud de información en el domicilio del contribuyente.
¿Cuáles son los posibles resultados de una auditoría? Una auditoría puede concluir con (i) ausencia de observaciones, o (ii) observaciones de posible incumplimiento, que posteriormente pueden dar lugar a una liquidación que determine contribuciones omitidas, recargos y multas.
¿Qué es el Acuerdo Conclusivo ante la PRODECON? Es un procedimiento alternativo de solución de controversias ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). Los contribuyentes pueden solicitarlo durante una auditoría en curso. Una vez presentado, suspende los plazos para la conclusión de la auditoría o para la emisión de la liquidación, según la etapa.
¿Cuáles son los posibles resultados de un Acuerdo Conclusivo? El procedimiento puede terminar con: acuerdo total, acuerdo parcial o sin acuerdo. Se utiliza comúnmente para presentar pruebas adicionales, fortalecer argumentos y negociar cuestiones de hecho con el SAT.
¿Qué medios de defensa existen contra una liquidación fiscal? Los contribuyentes pueden impugnar una liquidación mediante un recurso de revocación ante el SAT o un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de revocación? Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que la liquidación sea notificada formalmente.
¿Es necesario garantizar el crédito fiscal en el recurso de revocación? No. El recurso de revocación no exige garantizar el crédito determinado.
¿Por qué se recomienda generalmente el recurso de revocación? Es aconsejable agotarlo porque es la última oportunidad para presentar pruebas. En el litigio posterior, generalmente solo se admitirán las pruebas presentadas durante la auditoría o en el recurso de revocación.
¿Cuáles son las ventajas del recurso de revocación?

No requiere garantizar el crédito fiscal.
Resolución más rápida en comparación con el litigio.
Oportunidad de ampliar pruebas y argumentos antes de acudir a los tribunales.

¿Cuáles son las desventajas del recurso de revocación? Es resuelto por el propio SAT, lo que puede generar dudas sobre su imparcialidad. Si se niega, el contribuyente puede presentar una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
¿Qué es el juicio contencioso administrativo? Es un procedimiento judicial ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El proceso concluye con una sentencia, que puede ser impugnada por cualquiera de las partes. En principio, solo se revisarán las pruebas presentadas durante la auditoría o el recurso de revocación.
¿Qué sucede después de la sentencia en el juicio contencioso administrativo? La sentencia puede ser impugnada por: el contribuyente, mediante un amparo directo dentro de los 15 días hábiles; o la autoridad fiscal, mediante un recurso de revisión fiscal. Ambos medios son resueltos por un Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que generalmente emite la resolución final de fondo.
¿Qué es el juicio de resolución exclusiva de fondo? Es un tipo especial de litigio en el que solo se revisan cuestiones sustantivas, excluyendo vicios procesales. En particular, los contribuyentes no necesitan garantizar el crédito fiscal mientras el caso está pendiente, hasta que se emita la sentencia de primera instancia.
¿Es obligatorio garantizar el crédito fiscal en el juicio contencioso administrativo ordinario? Sí. Para suspender la ejecución de la liquidación mientras el juicio está pendiente, los contribuyentes deben otorgar una garantía (fianza, depósito, embargo o carta de crédito). De lo contrario, el SAT puede iniciar el procedimiento de cobro.
¿Puede un contribuyente reducir un crédito fiscal definitivo sin litigio? Sí. Los contribuyentes pueden solicitar: la reducción de multas conforme al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación; o la aplicación de los beneficios del artículo 70-A, que permiten reducir recargos y obtener una remisión parcial de multas.
¿Qué estrategias prácticas deben considerar las empresas?

Mantener registros contables organizados y actualizados.
Responder oportunamente a los requerimientos del SAT.
Considerar un Acuerdo Conclusivo ante la PRODECON.
Utilizar estratégicamente el recurso de revocación para presentar todas las pruebas.
Anticipar el requisito de garantía en el litigio.
Explorar los beneficios posteriores al litigio para mitigar la carga financiera.
Buscar asesoría legal especializada desde la etapa más temprana.